El pasado 31 de marzo de 2025, el Estado de Guatemala fue condenado por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) a indemnizar con más de 64 millones de dólares a la empresa Energía y Renovación Holding SA, tras un arbitraje relacionado con proyectos hidroeléctricos en San Mateo Ixtatán, Huehuetenango.
La empresa, que impulsaba la construcción de las plantas Generadora San Mateo y Generadora San Andrés, así como la Línea de Transmisión del Norte, denunció que el Estado no brindó las condiciones de seguridad necesarias para resguardar sus inversiones, en medio de un contexto de alta conflictividad social en la región de Ixquisis.
El tribunal internacional determinó que Guatemala violó disposiciones del Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Panamá, al no ofrecer un trato justo ni garantizar la seguridad plena de la inversión extranjera.
Este caso se suma a otros procesos similares enfrentados por el país, y pone en evidencia la urgente necesidad de fortalecer la gobernabilidad, el diálogo comunitario y la seguridad jurídica, especialmente en sectores estratégicos como el de infraestructura energética.
Desde Grupo SEEG, creemos firmemente que el desarrollo sostenible del país requiere un entorno estable que permita llevar adelante proyectos de gran escala con respaldo institucional, técnico y social. Esto cobra aún más relevancia en el marco de iniciativas como el PEG-5, que prevé una inversión histórica en generación de energía para los próximos años.
Invertir en gobernabilidad es también invertir en el futuro energético de Guatemala.